Artículo 4 del Reglamento de IA: qué exige de verdad la alfabetización en IA

Si su empresa ha recibido en los últimos meses un correo que empieza diciendo que la nueva normativa europea de inteligencia artificial la obliga a formar a su plantilla antes de una fecha determinada, bajo amenaza de una sanción millonaria, conviene leer el texto. Esta página lo hace: abre el Reglamento en EUR-Lex, en español, y compara palabra por palabra lo que decía el artículo 4, lo que dice ahora y lo que la Comisión Europea responde por escrito cuando se le pregunta si hace falta un certificado.

El resultado no es que el artículo 4 sea irrelevante. Es una obligación vigente, y más adelante explicamos por dónde puede llegar una consecuencia. Lo que no resiste la lectura es la historia comercial construida encima.

¿Qué dice hoy el artículo 4 del Reglamento de IA?

El nombre oficial de la norma, tal y como aparece en el Diario Oficial en español, es Reglamento de Inteligencia Artificial, dentro del Reglamento (UE) 2024/1689. Su artículo 4, en la redacción que le dio el Reglamento (UE) 2026/1744, dice literalmente:

Merece la pena detenerse en las dos frases. La primera fija un deber de medios: adoptar medidas. La segunda cierra por escrito la puerta a un deber de resultado: nadie tiene que alcanzar un nivel medible. Esa segunda frase no estaba en el texto original y es la que desmonta buena parte del argumentario comercial que circula.

Los apartados 2 y 3 del mismo artículo, también nuevos, van en la misma dirección: la Comisión y los Estados miembros «apoyarán y facilitarán los esfuerzos» de proveedores y responsables del despliegue, «en particular de las pymes», y la Comisión publicará «ejemplos prácticos de cómo cumplir dicha obligación» en su plataforma única de información. El Consejo de IA adoptará recomendaciones al respecto. Es decir: el legislador europeo asume que hay que ayudar a cumplir el artículo 4, no que haya que castigar su incumplimiento con dureza.

¿Qué cambió exactamente el 27 de julio de 2026?

El Reglamento (UE) 2026/1744, hecho en Estrasburgo el 8 de julio de 2026 y publicado en el Diario Oficial el 24 de julio, dispone en su artículo 4 que «el presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea». Tres días después del 24 de julio es el 27 de julio de 2026. La misma fecha aparece de forma expresa en la modificación del artículo 113 del Reglamento de IA: «los artículos 102 a 110 serán aplicables a partir del 27 de julio de 2026».

El cambio de fondo es este:

Una advertencia de traducción, porque es una trampa real. El considerando español del Reglamento modificador habla de medidas «para apoyar el desarrollo» de la alfabetización, mientras que el artículo, que es el texto vinculante, dice «para apoyar la promoción». Ambas expresiones están en el mismo documento. Aquí citamos siempre el artículo.

¿Hay una multa de 15 millones de euros por no formar al personal?

No, y esto se comprueba leyendo una lista cerrada. El artículo 99, apartado 4, del Reglamento de IA enumera de forma tasada qué incumplimientos se castigan con «multas administrativas de hasta 15 000 000 EUR o, si el infractor es una empresa, de hasta el 3 % de su volumen de negocios mundial total». Conviene precisar de qué versión se habla, porque la lista cambió.

En la versión original del Reglamento (UE) 2024/1689, el apartado 4 tenía siete letras, de la a) a la g), y no mencionaba en ningún punto el artículo 25:

• a) las obligaciones de los proveedores con arreglo al artículo 16;
• b) las obligaciones de los representantes autorizados con arreglo al artículo 22;
• c) las obligaciones de los importadores con arreglo al artículo 23;
• d) las obligaciones de los distribuidores con arreglo al artículo 24;
• e) las obligaciones de los responsables del despliegue con arreglo al artículo 26;
• f) los requisitos y obligaciones de los organismos notificados con arreglo al artículo 31, al artículo 33, apartados 1, 3 y 4, o al artículo 34;
• g) las obligaciones de transparencia de proveedores y responsables del despliegue con arreglo al artículo 50.

El Reglamento (UE) 2026/1744 insertó una sola letra nueva, la «d bis)», referida a «las obligaciones de los proveedores y operadores en virtud del artículo 25, apartados 2 y 4». La lista vigente es por tanto 16, 22, 23, 24, 25.2 y 25.4, 26, 31/33/34 y 50.

El artículo 4 no aparece en ninguna de las dos versiones. Lo comprobamos leyendo la lista completa de letras en el texto español de EUR-Lex, no buscando el número «4», que daría falsos positivos en los artículos 24, 34 y 50.

El texto exacto del artículo 99, apartado 1, tras la reforma, es: «los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones y otras medidas de garantía del cumplimiento, como multas administrativas, advertencias o medidas no pecuniarias, aplicable a cualquier infracción del presente Reglamento que cometan los operadores». Y añade que los Estados miembros «tendrán en cuenta los intereses de las pymes, incluidas las empresas emergentes… así como su viabilidad económica».

¿Se aplazó el artículo 4 junto con el resto del Reglamento?

No. Este es otro punto donde el mercado mezcla dos cosas distintas. El artículo 4 está en el capítulo I, y el artículo 113 del Reglamento, en su redacción tras la reforma, dice que «los capítulos I y II serán aplicables a partir del 2 de febrero de 2025», con una única excepción que afecta a partes del artículo 5, aplicables desde el 2 de diciembre de 2026. El artículo 4 conserva su fecha y se reescribió en su sitio.

Lo que sí se aplazó son las obligaciones de alto riesgo: el capítulo III, secciones 1, 2 y 3, pasa a aplicarse desde el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas del anexo III y desde el 2 de agosto de 2028 para los del anexo I. Quien le diga que «todo el Reglamento se ha retrasado» está describiendo el alto riesgo, no la alfabetización.

¿Hace falta un certificado o un curso obligatorio?

La Comisión Europea responde a esa pregunta por escrito, en sus preguntas y respuestas sobre alfabetización en IA, y la respuesta es breve. A la pregunta de cómo documentar el cumplimiento del artículo 4 y si hacen falta certificados concretos, contesta: «There is no need for a certificate. Organisations can keep an internal record of trainings and/or other guiding initiatives.» Es decir, no hace falta certificado alguno y basta con llevar un registro interno de las formaciones y demás iniciativas.

A la pregunta sobre cuál debe ser el formato de una formación obligatoria en las empresas, responde que «There is no one size fit all when it comes to AI literacy and no strict requirements or mandatory trainings are imposed.» No hay una solución única y no se imponen requisitos estrictos ni formaciones obligatorias. Y sobre la gobernanza: «No, no specific governance structure is mandated to comply with article 4 of the AI Act.»

Hay una tercera respuesta que conviene tener a mano cuando alguien ofrece una herramienta de evaluación de competencias como si fuera un requisito legal: «Article 4 of the AI Act does not entail an obligation to measure the knowledge of AI of employees.» El artículo 4 no obliga a medir el conocimiento de IA de los empleados.

Citamos estas frases en inglés a propósito. Las versiones en español, alemán, francés, italiano y polaco de esa misma página de la Comisión existen, pero llevan un aviso de que son traducciones automáticas del servicio eTranslation, y varias arrastran redacción anterior a la reforma. Para el texto legal citamos EUR-Lex en español; para la posición de la Comisión, su página en inglés.

¿Quién vigila el artículo 4 y desde cuándo?

No lo vigila la Oficina Europea de IA. La Comisión lo dice sin rodeos: «The supervision and enforcement of Article 4 of the AI Act is not with the AI Office, but it is under the remit of national market surveillance authorities.» La supervisión corresponde a las autoridades nacionales de vigilancia del mercado.

Sobre la fecha, la propia página de la Comisión se contradice: una respuesta dice que «the supervision and enforcement rules apply from 3 August 2026 onwards» y otra que las autoridades nacionales «will start supervising and enforcing the rules as of 2 August 2026». Ante el conflicto, nos quedamos con la página de aplicación del Reglamento, cuya última actualización es un mes posterior y que fija el 2 de agosto de 2026 como fecha en que se aplican las competencias de ejecución.

Sobre qué se arriesga realmente una empresa, la Comisión responde que las autoridades nacionales «could impose penalties and other enforcement measures to sanction infringements of Article 4», sobre la base de leyes nacionales, y subraya que «any sanction must be proportionate, based on the individual case». Añade una frase que rara vez se cita en los correos comerciales: «The AI Act doesn’t create criminal offences or a right to compensation.»

¿Qué ocurre en España? La AESIA y una ley que aún no existe

Aquí España es un caso particularmente claro, y conviene explicarlo con precisión porque afecta directamente a la pregunta «qué me puede pasar».

La AESIA existe, pero su norma fundacional no la designa bajo el Reglamento de IA

La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial se creó por el Real Decreto 729/2023, de 22 de agosto. Abrimos su texto consolidado en el BOE el 6 de septiembre de 2026 y extrajimos 99 484 caracteres de texto, con 71 apariciones de la expresión «inteligencia artificial», lo que indica que la extracción es completa y no está truncada. Sobre ese texto buscamos:

• 2024/1689: 0 apariciones
• 1689: 0 apariciones
• vigilancia de mercado: 0 apariciones
• autoridad competente: 0 apariciones

Y no podía ser de otro modo, porque el real decreto es anterior al Reglamento y se refiere a él como una propuesta: «La mencionada propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial contiene una serie de obligaciones que deberán ser asumidas por la autoridad nacional de supervisión designada. Para ello, se plantea la creación de una Agencia Estatal, anticipándonos y preparándonos para la asunción de las obligaciones y responsabilidades que imponga el Reglamento.» La función de supervisión del sector privado se describe además como provisional: se ejerce «hasta la entrada en vigor de la futura normativa de inteligencia artificial».

Esa es una ausencia verificada, no una impresión, y por eso hemos dejado escrito arriba dónde miramos y con qué búsqueda. Nadie debería escribir que España designó a la AESIA como autoridad de vigilancia del mercado del Reglamento de IA apoyándose en el Real Decreto 729/2023, porque ese texto no lo dice.

La ley que sí la designaría sigue en fase de enmiendas

La designación vive en el artículo 5 del Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, iniciativa 121/000096 de la XV Legislatura. Consultamos su ficha en el Congreso el 6 de septiembre de 2026 y su situación era literalmente: «Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Enmiendas». Fue presentado el 28 de mayo de 2026 y calificado el 8 de junio, y el plazo de enmiendas se ha ampliado dos veces, la última hasta el 9 de septiembre de 2026. Al tratarse de una ley orgánica necesita además mayoría absoluta en el Congreso y el trámite del Senado.

La consecuencia práctica es sencilla y comprobable: hoy no puede imponerse en España una multa nacional por infringir el Reglamento de IA, porque el régimen sancionador nacional todavía no está aprobado. Esto no es una laguna que convenga celebrar, y desde luego no es una invitación a ignorar el Reglamento: la obligación europea existe, la ley se aprobará y la disposición final octava del proyecto prevé que entre en vigor «el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”», sin periodo de adaptación. Pero sí explica por qué es difícil sostener que su empresa esté hoy a un paso de una sanción española.

Un último apunte de método, porque una ausencia también es una afirmación. No hemos podido abrir la web de la propia AESIA. El 6 de septiembre de 2026, https://www.aesia.gob.es/es/ falló con un error de firma de certificado TLS en la biblioteca OpenSSL, y el dominio sin el prefijo www no resolvió. Todo lo que afirmamos sobre la situación española se apoya, por tanto, en el BOE y en el Congreso, que son en cualquier caso fuentes más firmes que la web de un organismo.

Afirmación, qué es cierto y dónde comprobarlo

Las afirmaciones de la columna izquierda son las que se leen con más frecuencia en la comunicación comercial de proveedores de formación en España. No nombramos a ninguno: no hace falta, porque lo relevante es el texto, no quién lo repite.

¿Qué debería hacer entonces una empresa española?

La lectura útil del artículo 4 no es la del miedo ni la de la indiferencia. Es la de la proporción: medidas razonables, adecuadas a lo que su gente hace de verdad con la IA, documentadas de forma sencilla. En la práctica se traduce en cuatro cosas.

• Saber qué sistemas de IA usa la empresa, incluidos los que nadie aprobó. Una herramienta que un departamento contrató por su cuenta también cuenta.
• Poner por escrito qué se puede introducir en esas herramientas y qué no. Es el artefacto más útil y el que más se posterga. Lo desarrollamos en cómo redactar una política de uso de IA en la empresa.
• Formar a quien lo necesita, en su propio trabajo, y no a toda la plantilla en abstracto. El artículo pide tener en cuenta «sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación y su formación», lo que es justamente lo contrario de un curso único para todos.
• Guardar un registro interno. La Comisión dice expresamente que eso basta. Una hoja con fechas, asistentes y contenidos es un registro.

Nosotros no vendemos cursos de cumplimiento. Construimos y operamos sistemas de IA, y la formación forma parte del despliegue: la explicamos en formación en IA para empresas. Y si lo que busca es financiarla, en España existe un derecho anual que la mayor parte de las empresas ya tiene y no usa: lo detallamos en ayudas para la formación en IA en España.

Lo que no hemos podido verificar

Decirlo forma parte del método, y es lo que separa una página comprobable de un folleto.

• La web de la AESIA. No se pudo abrir por un fallo de firma de certificado TLS, descrito arriba. No afirmamos nada sobre su contenido.
• El estado del proyecto de ley después del 6 de septiembre de 2026. El plazo de enmiendas vencía el 9 de septiembre. Si lee esto más tarde, vuelva a consultar la ficha del Congreso antes de dar por bueno el estado que aquí describimos.
• Si algún otro instrumento español, distinto del Real Decreto 729/2023 y del proyecto 121/000096, hubiera designado ya autoridades. Buscamos en esos dos y en la lista de la Comisión; no hicimos un barrido exhaustivo del BOE.
• Formas cortas coloquiales del nombre de la norma en español. Solo damos por verificado el nombre oficial que figura entre paréntesis en el Diario Oficial, «Reglamento de Inteligencia Artificial».